¿Qué queremos como personas usuarias para la regulación del cannabis?
Ha llegado el momento de sopesar los beneficios o posibles prejuicios que pueden derivar de una regulación integral de los usos del cannabis dependiendo de la forma que adopte. Claro está que cualquier política pública debe adaptarse a la realidad social en la que se va a implementar. Pues bien, el Estado español goza de una posición privilegiada en materia de cannabis. Esa es la realidad social existente, pero el crimen organizado siempre busca aquellos territorios donde las leyes o las condiciones son más propicias para cometer actividades delictivas con impunidad; esto no proviene de nuestra cultura cannábica, sino de la dejadez de la clase política y la corrupción de nuestro país. A continuación, vamos a destacar los aspectos más lesivos de algunas de las regulaciones sobre cannabis que se han aprobado alrededor del mundo.
¿Qué ha pasado en otros países?
La regulación en California no ha acabado con los arrestos ni con los mercados ilícitos, es más, ha permitido que parte del crimen organizado mimetice con el mercado legal, a través de licencias que han provocado multitud de casos de corrupción institucional. Además, se ha detectado que se utilizan prácticas típicas de estos mercados: los circuitos regulados, como la extensión, la explotación laboral o incluso; el homicidio.
Por no hablar del impacto que supone para el medio ambiente, que, debido a qué el objetivo principal de estas empresas es sacar el máximo beneficio económico sin pensar en la salud de las personas, utilizan fertilizantes y pesticidas que están contaminando acuíferos y aguas freáticas, con el consecuente impacto en la agricultura tradicional de la zona. Asimismo, muchos de los individuos y empresas que se dedicaban al cannabis, o a la industria derivada de la planta, han sido apartados de los mercados regulados, dejando así a cientos de personas en la ilegalidad. Se estima que en la actualidad el 8o % de la hierba en California se continúa vendiendo de forma ilegal.
La regulación canadiense ha utilizado una de las vías que permiten las convenciones internacionales sobre estupefacientes para regular el uso drogas: el monopolio estatal (con matices y variantes dependiendo del Estado). El contexto es diferente; por ejemplo, allí el alcohol tiene una regulación similar. Por lo tanto, una regulación al estilo canadiense, que se correspondería con un monopolio estatal que asigna escasas licencias a empresas con mucho capital, sería imposible de implementar con éxito en el Estado español, ya que la cultura existente sobre cannabis continuaría existiendo casi en la misma medida.
Si miramos a Europa, encontramos dos experiencias que han marcado la historia del cannabis en el viejo continente: la neerlandesa y la suiza. En los Países Bajos se implemento la política de la tolerancia en la década de los 70. Han pasado más de cuarenta años y el modelo coffeeshop sigue sin poder regular la puerta de atrás, lo que ha promovido la existencia de mafias que producen el cannabis. Las autoridades, en detrimento de los derechos de las personas usuarias y las empresas del sector, han impulsado límites para la venta de semillas, el funcionamiento de estos establecimientos y otras cuestiones relativas al cannabis.
La experiencia suiza, basada en la trampa de la venta de cannabis como ambientador para coches, estuvo marcada por la tragedia. Cuando consiguieron hacer de ello una iniciativa viable en los años 90, multitud de empresas de otros países se instalaron allí para hacer negocio y, cuando parecía que iba a ser una vía para el uso de cannabis en la federación helvética, al no estar protegidos por una ley que regulará esas actividades, llegó un gobierno de derechas al poder y cerró todas estas iniciativas. Bernard Rapazz, un reconocido activista, acabó por varios años en prisión y las empresas que allí se instalaron volvieron a sus países de origen o buscaron nichos de mercado en otros.
Sin embargo, nos consta que el modelo de Uruguay, uno de los dos países que han regulado el uso de cannabis recreativo, cuenta con la aprobación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), por lo que puede enmarcarse dentro de las convenciones internacionales. Discrepamos en algunos aspectos, como, por ejemplo, el registro a los autocultivadores, por ser lesivo para las libertades individuales y la privacidad de las personas; otro ejemplo serían los límites de dispensación y de socios en los clubes de membresía, con los que no estamos de acuerdo, por ser muy bajos (por lo tanto, no se acabaría con el mercado negro) y por ser contrario al derecho de asociación, respectivamente. Pese a estos matices, consideramos el ejemplo uruguayo la senda que debería seguir el Estado español para la regulación de los diferentes usos de cannabis.
Por ello, evaluando todos los datos que manejamos, creemos que la regulación más beneficiosa para las personas usuarias, para la cultura del cannabis y el sector, es una regularización de los clubes sociales de cannabis y la despenalización de las conductas relativas al uso personal, como el cultivo para ese fin o la tenencia en vía pública.
Esta sería la regulación que mejor se adaptaría al territorio-y la que haría sobrevivir a la cultura del cannabis existente.
Una regulación con sello español
Actualmente, vivimos tiempos intensos en materia de cannabis. Mientras parte de la sociedad percibe una sensación de seguridad jurídica, debido a la existencia de clubes sociales de cannabis que simula una apariencia de legalidad, esto no se corresponde con la realidad jurídica ni política y varias juntas directivas de asociaciones ya han acabado en prisión, se encuentran con sentencias superiores a dos años o en vía de recurso. Son muchas las que han pactado con fiscalía dos años de prisión para evitar cumplir la condena, con los problemas que esto conlleva para ellos y todo el movimiento cannábico, pero los pactos ya han comenzado a ser de tres años y por lo tanto se ejecuta su ingreso en prisión.
Además, la derecha sigue haciendo de las suyas. En enero, la extrema derecha preguntó formalmente a la Asamblea de Madrid por las asociaciones, los grow shops y la venta de semillas. Teniendo en cuenta la persecución que ha sufrido el movimiento cannábico por el anterior gobierno, cabe esperar que, ante la llegada de un gobierno de derechas de nuevo, se intensificaría la persecución de los cannábicos si no conseguimos un marco legal para las actividades que desarrollamos.
La red estatal de colectivos que trabajan por la reducción de riesgos ya apoyan una regulación de las políticas sobre cannabis y quieren una reforma que se dirija hacia la seguridad, el bienestar de las personas usuarias y la sociedad en general; entendiendo que no se pueden repetir los errores que se
cometieron con el alcohol y el tabaco. Una regulación que haga una apertura progresiva, que sea acogida por personas usuarias y no usuarias. Una política que nazca con las herramientas para ser evaluadas y que esté bien financiada.
Las asociaciones nos hemos unido en federaciones y estas en la ConFAC. Debemos continuar dando pasos adelante, como que nuestros trabajadores se afilien al convenio colectivo que hemos creado con UGT en confac@confac.org. Formando a nuestros activos, como por ejemplo en los cursos de reducción de riesgos para trabajadores de CSC que imparte Energy Control, homologados por la Generalitat de Catalunya, que pronto se expandirán a todo el territorio nacional a través de ConFAC (infórmate en confac.org).
Las asociaciones deben organizarse políticamente. De las últimas cuarenta y siete asociaciones cerradas en Barcelona, ninguna estaba federada a ninguna de las dos federaciones catalanas. Las asociaciones deben formar parte del cambio en las políticas de drogas o formarán parte del problema a combatir por las instituciones.
Es el momento de unirnos, las diferencias del movimiento cannábico es una riqueza que hay que poner en valor, no en balde somos el país con más propuestas escritas sobre cómo debería ser la regulación. En el hipotético caso de que la regulación integral se debata en el congreso, ya sea a través de comisiones concretas, o de la comisión mixta para abordar el problema de las drogas, las diferentes organizaciones e interlocutores comparecerán en las cortes, junto a muchos otros actores de la sociedad, como por ejemplo los policías, los agricultores, los expertos en reducción de riesgos, los prohibicionistas, etc.
La ConFAC estará allí para defender los derechos de las personas usuarias y donde sea necesario, como llevamos haciendo ya quince años, luchando por mantener nuestras asociaciones y nuestras federaciones fuertes, dando la cara en la calle, en los juzgados y en las instituciones por todas las usuarias de cannabis. La estrategia de liberar la información del modelo de CSC que tomamos en el 2010 nos ha llevado hasta este momento, en el que muchas estrategias de los diferentes actores en escena convergen.
Por todo ello, hacemos un, llamamiento a todas las personas usuarias, a las entidades que están por una regulación del cannabis, juntas directivas de asociaciones, empresas del sector y sus trabajadores, así como a la sociedad.
Es el momento de unirnos, las diferencias del movimiento cannábico es una riqueza que hay que poner en valor para que, un año más, nos unamos en la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid, el 9 de mayo de 2020, para gritar de nuevo en favor de una política que proteja los derechos de las personas usuarias y la cultura del cannabis. Este año, con tres peticiones muy claras: la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la apertura de un debate transparente sobre cannabis en la Comisión Mixta sobre el Problema de las Drogas y el fin de la represión que sufrimos como movimiento desde 2013.
¡Únete al cambio por la regulación!
Fuente: El Cultivador